Ministerio de Educación lidera reforma de la Ley 30: Lo que se sabe del proyecto
El Ministerio de Educación, bajo la dirección de la ministra Aurora Vergara, está trabajando en la reforma de la Ley 30 de 1992, su proyecto bandera que se prevé presentar durante el primer semestre de 2024.
El proyecto se encuentra en una fase de recopilación de comentarios y aportes, para lo cual la funcionaria ha mantenido reuniones con movimientos estudiantiles, grupos docentes, rectores y otros actores de la comunidad educativa para recibir sus contribuciones.
El tema de la educación en incisivo y representa un compromiso crucial para el Gobierno. No solo se trata de un derecho fundamental, sino que, además, durante las elecciones, fue el respaldo de los jóvenes lo que marcó la fuerza política que llevó al presidente Petro al poder.
Históricamente, el interés de los jóvenes por la educación ha generado tensiones con el Estado y críticas al sistema actual; esta nueva ley aspira a aliviar algunos de los desafíos presentes en las instituciones educativas, como financiamiento, cobertura y condiciones.
Y es que el reciente resultado de las pruebas Pisa ha levantado alarmas en el ámbito educativo nacional al ubicar a Colombia en una posición preocupante. Este panorama resalta la urgencia de acciones que mejoren significativamente el sistema educativo del país.
Recomendado: Petro afirma que transformará educación colombiana tras malos resultados en pruebas Pisa
Las implicaciones de la Ley 30: la educación en Colombia
El Ministerio presentó dos borradores de proyectos de ley dirigidos a transformar la educación en Colombia.
Uno de estos es estatutario y se titula: «Por medio del cual se regula el derecho fundamental a la educación y se dictan otras disposiciones», mientras que el otro corresponde a la reforma de la Ley 30 de 1992″.
El objetivo principal del primer proyecto es ampliar y garantizar el derecho a la educación desde una etapa más temprana, incluyendo el prejardín y el jardín para niños a partir de los 3 años, y coordinándolo con todos los niveles de educación media y superior.
Hasta la fecha, la Constitución Política garantiza el derecho a la educación desde los 5 hasta los 15 años, abarcando un año de educación preescolar y la educación básica hasta el noveno grado.
El proyecto estatutario se convierte en el paso anterior para reformar la Ley 30, al estar fundamentado en la concepción de la educación superior como un derecho fundamental.
Ambos proyectos de ley seguirán trámites y plazos distintos; el primero, de mayor rigor al regular un derecho fundamental, deberá ser aprobado por el Congreso de la República en una sola legislatura y con mayorías absolutas.
Puntos más importantes del proyecto Ley 30
Uno de los cambios propuestos involucra la modificación del artículo 86, el cual, según la propuesta presentada por el Gobierno de Petro, estipula una alteración significativa en los aportes destinados a las universidades estatales u oficiales vinculadas al Sector Educación.
Bajo esta propuesta, dichos aportes se calcularían considerando el presupuesto asignado a cada universidad en el año inmediatamente anterior para ese mismo propósito.
A su vez, estos montos se ajustarían anualmente, como mínimo, según el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) de las universidades públicas, un indicador calculado por el DANE.
Es importante mencionar que, en casos en que el incremento anual del Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) de las Universidades públicas sea inferior a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el aumento de los aportes del Presupuesto General de la Nación y de las entidades territoriales se ajustará con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Este cambio implica una transformación en la forma en que se determinan los aportes financieros para las universidades estatales. Anteriormente, los fondos asignados podían estar sujetos a variaciones sin un patrón específico de ajuste.
Sin embargo, con la propuesta de Petro, se establece un método más estructurado y regularizado, asegurando una actualización anual mínima basada en el ICES, lo que garantizaría un apoyo financiero más estable y adaptado a los costos reales que enfrentan las instituciones educativas.
El Gobierno además incrementaría sus aportes para las universidades nacionales, departamentales y municipales, vinculadas al sector educación, en un porcentaje no inferior al 50 % del incremento real anual del Producto Interno Bruto, anteriormente estaba en 30 %.
