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Regla Fiscal en Colombia: ¿por qué hay máxima preocupación tras posible cambio que alertó el DNP?

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El Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Hacienda de Colombia estudian un posible cambio en la Regla Fiscal, lo que causó alarmas en la opinión pública nacional.

Esta noticia anunciada por el director del DNP, Jorge Iván González, generó polémica ya que esta regla permite un equilibrio entre los ingresos y gastos del Estado y es una de las mediciones más importantes que observan las calificadoras internacionales: Fitch Ratings, S&P y Moody’s Investors Service.

Fitch Ratings
Fitch Ratings. Foto: Rodrigo Torres, Valora Analitik

“Vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para ver cómo podemos mostrar alternativas de flexibilización de la Regla Fiscal”, declaró González.

Riesgos con cambios en la Regla Fiscal

La Ley 1473 de 2011 por medio de la cual se establece esta normativa tiene por objeto expedir normas que garanticen la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas y contribuyan a la estabilidad macroeconómica del país.

En ella se establece un límite de la deuda pública y del déficit fiscal (la diferencia entre los ingresos y los gastos de la Nación). Esa regla impide que cualquier gobierno se endeude o gaste más allá de su capacidad de pago.

Es decir, el Gobierno Petro tiene establecido hasta donde puede gastar para no generar deudas.

El límite de deuda es igual a 71 % del Producto Interno Bruto (PIB) y el ancla de deuda es igual a 55 % del PIB.

En octubre de 2022, el presidente Gustavo Petro mencionó que el gobierno de Iván Duque dejó un marco fiscal exigente, limitando su capacidad de gasto para cumplir con promesas que le hizo al pueblo colombiano en campaña.

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Por su parte, el Marco Fiscal de Mediano Plazo es el documento que el Ministerio de Hacienda debe presentar cada año con cálculos actualizados de PIB, tasa de cambio, déficit de cuenta corriente, déficit fiscal, inflación, recaudo tributario y precio internacional del petróleo.

En 2021, el gobierno Duque creó el Comité Autónomo de Regla Fiscal (Carf) para presentarle cifras de gasto e ingresos al Congreso semestralmente, pero también le concierne el cumplimiento de la regla fiscal y el Marco Fiscal.

Por lo que, si Petro desea cumplir con sus promesas como más subsidios para las personas en condición de vulnerabilidad, acceso a salud gratuito, entre otras, no lo puede hacer tan fácil ya que la Ley lo obliga a abstenerse.

Además, las reformas sociales tendrían un alto costo para ejecutarse por lo que los inversores y empresarios del país no se verían beneficiados.

Para las calificadoras, el cumplimiento de esta Regla es una condición estratégica para evaluar una posible alza o baja en este ítem.

Por ejemplo, Renzo Merino, analista principal de Moody´s para Colombia, ha destacado que la entidad espera que las autoridades mantengan el manejo fiscal y monetario prudente que caracteriza a Colombia.

Agenda de reformas en Colombia intensifica riesgos de inversionistas, advirtió Moody’s
Moody’s Investor Service en América Latina. Imagen: archivo Valora Anaitik

“En adelante, para la calificación serán claves el cumplimiento de la regla fiscal, la estabilidad de las métricas de deuda del gobierno y el retorno del crecimiento económico a niveles más cercanos al potencial apoyado principalmente por la inversión”. 

En tanto, S&P que mantiene estable en BB+ la calificación de Colombia ha dicho que revisa ampliamente la continuidad en las políticas fiscales, monetarias y económicas que promueven el crecimiento a medida que la administración del presidente Gustavo Petro implementa sus reformas sociales.

Por su parte, en un reciente evento en Bogotá, Richard Francis, líder de calificaciones soberanas de la agencia Fitch Ratings, dijo que la perspectiva estable para Colombia se basa en los significativos ajustes en el lado fiscal que hizo el Gobierno en los últimos meses.

Y advirtió que el país tendrá que hacer mayores esfuerzos para la consolidación fiscal con el fin de mantener o mejorar la calificación soberana.

De esta manera, las tres entidades coinciden en que es uno de los puntos clave para determinar alzas o bajas en el grado de inversión de Colombia, ítem fundamental para los inversores y agentes institucionales y de finanzas en el país y el mundo.

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