Comunidad Wayuú socia de proyectos de energía «no es viable ni oportuno»: expertos
El sector de energía eléctrica de Colombia está inmerso en un nuevo reto operativo y financiero, específicamente los rubros de generación y transmisión, pues el Gobierno Nacional -encabezado por el presidente Gustavo Petro- pidió que la comunidad Wayuú, en La Guajira, sea socia de los proyectos energéticos de la región.
Aunque el pacto por la transición energética tuvo la participación de empresas de energía renovable, representadas por el gremio SER Colombia, aún hay cosas por ajustar sobre todo para los vínculos asociativos.
De hecho, su presidenta, Alexandra Hernández, le dijo a Valora Analitik que lo que primero se debe poner sobre la mesa es lo que está en la normatividad.
“Si uno suma entre impuestos, las transferencias que impusieron (por cada kilovatio que se genere y se venda), ya las comunidades van a participar con el 6 % de esos sin poner inversión, y el inversionista, realmente, va a recibir esa utilidad 10 años después -que es el tiempo que se demora en recuperarse-”, precisó líder gremial.
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Sin embargo, Juan Benavides, investigador de Fedesarrollo, ratificó que hacer socia a la comunidad Wayuú de La Guajira de los proyectos de energía que surjan en la región, no es viable ni oportuno.
“El estado tiene la obligación de suministrar paquetes coordinados de bienes públicos regionales (salud, educación, servicios públicos y seguridad) para sacar a territorios de la trampa de pobreza. Las comunidades no tienen el tiempo, ni las habilidades gerenciales para gestionar activos complejos”, indicó el experto.
Por esta razón, de acuerdo con Benavides, la comunidad Wayuú no debe tener la expectativa de convertirse en socia de las intervenciones en su territorio.
Al respecto, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), en cabeza de su presidente Natalia Gutiérrez, aseguró que hoy en día las comunidades participan en la construcción y desarrollo de los proyectos, así como en las utilidades que estos generan, aún antes de que se produzcan.
“Esto lo hacen por medio de procesos de socialización y de consulta previa, en los que se tienen en cuenta las opiniones y posiciones de las comunidades para que las empresas puedan ejecutar los proyectos de manera sostenible: se llega a acuerdos que implican transferencias económicas a las comunidades, que tienen por objetivo permitir su desarrollo a través de inversiones en salud, educación y otros aspectos que son de su interés”, indicó Gutiérrez
“Además, recordemos que los proyectos pagan impuestos, es decir, todos somos socios de las empresas”, destacó.
Para la experta, entrar a evaluar si existe una participación accionaria dentro de un esquema deberá responder a una valoración entre lo que la comunidad aportaría en el proyecto versus los recursos que recibiría.
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Así como las modificaciones al status-quo vigente, que ya contempla transferencias económicas importantes a las comunidades, aún antes de que los proyectos produzcan utilidades.
En contraste, Jaime Arteaga, fundador de la firma consultora, Jaime Arteaga y Asociados, le dijo a Valora Analitik que “más que las comunidades, es a los territorios a los que hay que hacer socios; es decir, no se trata de pequeños grupos humanos, familias, vecinos, sino cómo hacer que un proyecto de energía puede aportar al territorio y, en ese sentido, puede ser más productivo”.
Comunidad Wayuú socia de proyectos de energía: ¿rentable o no rentable?
Ante este escenario, la pregunta del millón es si esta iniciativa representa una oportunidad rentable para las empresas inversionistas o no.
Para Natalia Gutiérrez de Acolgen, en algunos casos podría significar una rentabilidad, en términos de fortalecimiento de las relaciones con las comunidades y apoyo de estas al desarrollo de los proyectos, pero ello debe evaluarse en cada caso particular.
“Aquí el tema de fondo es que plantear una participación accionaría implica unos deberes a la par de los beneficios que se tienen y una modificación en la forma en que hoy se llega a acuerdos con las comunidades, pues los socios de proyectos, usualmente, reciben beneficios sólo a partir de que estos se produzcan, contrario a lo que ocurre hoy en día cuando las comunidades los reciben desde fases pre-operativas”, precisó la líder de la Asociación.
Ahora bien, según Juan Benavides de Fedesarrollo, si se permitiera la participación societaria de las comunidades, sería sobre bases arbitrarias, y las empresas verían una disminución de su rentabilidad sobre la inversión por menores ingresos y por un mayor riesgo de intervención y bloqueo de las actividades.
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“Las comunidades podrían asumir que la participación accionaria del tipo ‘acciones doradas’ con poder de veto sobre la operación y con aspiraciones de remuneración retroactiva”, manifestó el vocero del centro de pensamiento.
Por su parte, Álex Flórez, asociado senior de CMS Rodríguez Azuero, señaló que estos tipo de propuestas, cuando son bien informadas y se entiende bien cuál es el alcance -y es posible socializarlo con los inversionistas-, son cambios que se asumen desde la estructuración de proyectos, pero cuando hay una comunicación y reglas claras.
Asimismo, Arteaga expuso que el costo más alto de las operaciones de energía, hoy en día, está asociado a los conflictos con las comunidades.
“De lejos, se volvió el riesgo más costoso que tienen los proyectos a gran escala y es una industria que está nueva, en el sentido de enfrentarse a esos conflictos”, aseguró el experto.
Y añadió que, por ejemplo, «la industria minera y petrolera ya han desarrollado ciertas capacidades; en cambio, los proyectos de energía se enfrentan a una novedad y es cómo gestionar un entorno con las comunidades, siendo que -dentro de los proyectos- resulta impracticable asumir algunos de los costos derivados de los bloqueos sociales”.
Destrabar proyectos, una de las misiones
Las respuestas de la presidenta de Acolgen sobre la premisa de la asociatividad podría destrabar los proyectos de energía demorados en La Guajira, este escenario podría ser una de las alternativas que se pueden explorar.
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“Pero no deberíamos plantear una vinculación obligatoria. La participación accionaria tiene una responsabilidad que no necesariamente todas las comunidades quieren tener”, indicó la líder gremial.
Y añadió que esto le da paso a muchas dudas operativas sobre el dueño de esa participación y la administración de las utilidades cuando existan o de las pérdidas que también pueden llegar.
