Conmoción interior: ¿qué es y por qué Rodolfo Hernández la decretaría?
El candidato presidencial en Colombia, Rodolfo Hernández, tiene listos varios decretos en caso de ser elegido como nuevo jefe de Estado.
Uno de ellos tiene que ver con la declaración del estado de conmoción interior por 90 días, de acuerdo con el borrador presentado por el propio aspirante.
En el documento, señala que esta medida busca “conjurar las causas que atentan gravemente contra la estabilidad institucional y hacen peligrar la convivencia ciudadana, originadas en la endemia en que se ha convertido la corrupción”.
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Así las cosas, la conmoción interior sería decretada desde el mismo día en que Hernández asuma la Presidencia, en caso de ganarle a Gustavo Petro.
En todo caso, esta medida le permitiría, de una forma expedita, ajustar diversos aspectos de la normativa nacional. Lea más Noticias Políticas.
¿Qué es la conmoción interior y cómo funciona?
El estado de conmoción interior está contemplado en el artículo 213 de la Constitución Política de 1991.
Allí se señala que se aplicará “en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana”.
Como se mencionó previamente, Hernández argumentaría que la corrupción en Colombia ha generado una situación de tal magnitud.
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De esta forma, el Gobierno tendría facultades de gran calado, incluyendo decretos legislativos que suspendan leyes, sin necesidad de pasar por el trámite del Congreso.
Sumado a lo anterior, podría restringir, sin que se afecte su núcleo esencial, el derecho de circulación y residencia, de acuerdo con la Ley 137 de 1994.
En la norma también se especifica que el Gobierno podrá establecer “restricciones a la radio y la televisión de divulgar informaciones que puedan generar un peligro grave e inminente para la vida de las personas”.
Así como suspender temporalmente los servicios de radiocomunicaciones de redes públicas o privadas, según la norma de conmoción interior.
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La ley señala, además, que se podrán interceptar llamadas o comunicaciones o capturar a personas de manera preventiva, con una orden previa de una autoridad judicial.
La norma incluye otra variedad de disposiciones, pero es clave señalar que los decretos legislativos que se expidan serán revisados por la Corte Constitucional.
Este alto tribunal podrá tumbarlos en caso de que no se ajusten con la Carta Magna y su reglamentación.
