SIC inicia 29 investigaciones contra campañas políticas; sanciona cartelización de cloro y soda cáustica
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó hoy que inició 29 investigaciones a candidatos de elección popular por eventuales infracciones a la regulación de protección de datos del país.
Las decisiones fueron tomadas luego de que se presentaran 38 denuncias ciudadanas ante la entidad y se tomaran algunos casos evidenciados por redes sociales.
Frente a las quejas presentadas, el 47% se ha trasladado a los partidos políticos para que respondan directamente las peticiones de los ciudadanos, mientras que en el otro 47% se han solicitado pruebas a los denunciantes y a los denunciados; y, en el 6% restante se han requerido explicaciones a los candidatos y a los partidos.
El 87% de las personas que interpusieron una queja ante la Superindustria manifestaron que no dieron autorización a los candidatos para que usaran su información con fines de proselitismo político, mientras que otro 8,6% de los ciudadanos se quejaron por el uso de imágenes de menores en publicidad política y el 4,4% por difamación política.
Las ciudades en las que más se presentaron quejas ante esta autoridad fueron Bogotá, Medellín, Popayán, Soacha, Cali y Bucaramanga.
En caso de que se encuentre que existió una violación de las normas de protección de datos, la SIC puede imponer multas institucionales o personales de hasta 2.000 salarios mínimos legales vigentes.
Cartelización empresarial de cloro y soda cáustica
De otro lado, la entidad también comunicó que dispuso imponer sanciones a las empresas Brinsa y Quimpac, al haber incurrido, durante más de 12 años (2002-2014), en un cartel empresarial para repartirse los clientes de cloro, utilizado especialmente por los acueductos del país, que lo requieren para el tratamiento y potabilización del agua.
La SIC dispuso además imponer sanciones a Brinsa, Quimpac, Trichem y Mexichem por implementar un sistema restrictivo de la competencia en el mercado de soda cáustica en Colombia.
Las sanciones impuestas por la SIC ascienden a una suma global superior a los $125.000 millones.
También fueron sancionados 13 funcionarios y ex funcionarios de las 4 empresas cartelizadas por haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado las conductas violatorias de la libre competencia económica.
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