Entrevista | “Para un municipio hay otras prioridades antes que un matadero”: Acovez
A finales de noviembre pasado, el Gobierno de Colombia anunció la reapertura de mataderos municipales. Esto, con el Decreto 2016 de 2023 que crea la figura de las Plantas de beneficio animal categoría de autoconsumo.
Estas plantas son definidas como aquellas autorizadas por el Invima “para abastecer de carne y productos cárnicos comestibles al respectivo municipio en el cual se encuentra ubicada”.
Sin embargo, la medida generó dudas no solo sobre si impactará, realmente, el precio de la carne en Colombia, sino también sobre cómo será la logística y si supondrán riesgos en la salud pública. Para entender el panorama, Valora Analitik conversó con Ignacio Amador Gómez, presidente de la Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios y Zootecnistas (Acovez). Esto dijo.
Una de las implicaciones es la alerta frente a la inversión que implicaría la apertura de mataderos municipales en Colombia, ¿por qué?
La preocupación es si las alcaldías están en condición de hacer estas inversiones. Para un municipio hay prioridades más importantes como el agua potable, la salud, la educación, alcantarillados. Y estas plantas sí prestan un servicio, pero no es tan alto el volumen de sacrificios como para esta inversión.
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¿Fueron consultados por el Ministerio de Salud cuando se estaba trabajando el decreto?
El decreto se sometió a consulta pública. Esto ha sido un trabajo, realmente, grande. El Invima recogió el trabajo de varios años. Las modificaciones no son sustanciales.
Aún no tienen suficiente personal para hacer toda la vigilancia. Es imposible que el Invima pueda visitar 1.300 plantas, más cuando hay municipios en los que sacrifican tan pocos animales. Entonces hay un riesgo sanitario que nosotros también miramos.
Otro punto que alertan es que el decreto de los mataderos municipales en Colombia no resuelve la problemática del alto precio de la carne, ¿por qué?
En términos del precio decimos que el valor de la carne es el del animal, lo demás son en el proceso, en los impuestos y en el transporte, que no es tan significativo, no supera el 5 %. Entonces esto no afectará al precio de la carne.
Se ha planteado en la norma que haya un inspector oficial que sea del Invima y otros dos auxiliares que sean de la planta. Esos costos se recargan en el precio de la carne.
El artículo 6 del decreto permite que se transporten productos de distinto riesgo en un mismo vehículo, ¿qué implicaciones podría tener?
Son formas paliativas de solucionar un problema que no es fácil, porque adecuar un camión para manejar tantas cosas no sería fácil y significaría un costo adicional. El manejar distintos productos con distintos empaques genera un riesgo de contaminación. Son medidas que tratan de solucionar paliativamente el problema, pero que realmente no lo logran.
Es decir, ¿el decreto no cumple con su finalidad?
Pues, sí da la oportunidad de que se reabran mataderos municipales, que era esperado por muchos municipios. Pero implica una vigilancia concreta. La gente de una vereda sacrifica a sus reses y las consumen en una vereda, pero eso es incontrolable. Ahora, cuando busca transportarse, sí genera un riesgo potencial que se debe vigilar.
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¿El asunto entonces también radica en un proceso educativo con los consumidores, para que exijan que se cumplan las medidas necesarias?
Totalmente. Hace tiempo se han pedido campañas de educación a los consumidores, porque la vigilancia la deberían hacer desde los expendios, vigilando de dónde proviene la carne.
Hace pocos meses se conoció que ya se podrá exportar carne a China, ¿el decreto podría impactar los negocios de exportación fuera del país?
Cuando se abrió el canal de los tratados del libre comercio, el gobierno emitió un Conpes sanitario, que busca la inocuidad de los alimentos. En este decía que la admisibilidad exige la calidad de los productos, pero también la de los sistemas nacionales del país exportador. Los países a los que llegaremos, que son más de 30 países y en 2024 posiblemente se abra Estados Unidos, nos exigirán eso. Si ven que nuestro sistema tiene debilidades, no se arriesgarán a dar permisos sanitarios. Es decir, si se distorsionan las medidas, se afectaría al mercado.
Con todo esto, ¿qué se debe hacer con el decreto?
Lo que tenemos es que empezar a trabajar para fortalecer a las autoridades sanitarias para que se logre garantizar la inocuidad del producto. Yo no pienso que muchos municipios abran las plantas, por la inversión que exigen. Es una medida que ya está tomada, entonces se debe ajustar la forma en la que se ejecute para que no se ponga en riesgo la salud pública.
