Comité Autónomo ve importantes riesgos para cumplir la Regla Fiscal en Colombia en 2024
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal dio a conocer varios llamados de atención sobre los retos que va a tener que asumir Colombia para cumplir con ese compromiso durante el año 2024. Al tiempo que explicó que en 2023 sí se va a lograr el objetivo.
De acuerdo con el análisis del Comité, se estima que, en el marco de la Regla Fiscal de Colombia, se tendrán que realizar ajustes de gasto de alrededor de 1,4 % del PIB ($23 billones) para cumplir el objetivo de déficit establecido por la Ley.
“El principal factor de riesgo es la programación de gastos estructurales financiados con ingresos no estructurales e inciertos por $15 billones, bajo el rubro de arbitramento de litigios”, dice el anuncio sobre la Regla Fiscal en Colombia.
Adicionalmente, el Comité explica que para el año 2024 habrá un aumento de la deuda neta de entre 2 y 4 puntos del PIB. “Esta perspectiva resulta preocupante, debido a que reversa la tendencia observada con posterioridad a la pandemia y, especialmente, lo alcanzado en el 2023, como se señaló en el análisis para este año”.
El punto crítico estaría en que una mayor deuda pone presión sobre la prima de riesgo país y la necesidad de contar con una suerte de solidez financiera para asegurar el cumplimiento de la Regla Fiscal en Colombia en el mediano plazo.
Más alertas sobre lo que viene para la Regla Fiscal de Colombia en 2024
“Para 2024 se aprobó un Presupuesto General de la Nación (PGN) que no deja margen de maniobra ante un posible incumplimiento del plan de ingresos o a choques inesperados. El gasto primario, sin pagos al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), crecería $51 billones entre 2023 y 2024 (17,6 %) mientras que los ingresos estructurales crecerían $28 billones al descontar los ingresos por arbitramento de litigios”, complementa la posición del Comité.
Al poner el foco en la reciente decisión de la Corte Constitucional sobre la no deducibilidad de las regalías dice el Comité Autónomo que a pesar de la reducción de los ingresos, el ajuste en el ciclo petrolero y en las transacciones de única vez “evitan que se deba ajustar el gasto en la misma proporción, protegiendo la economía de un sesgo de postura fiscal procíclica”.
Esto quiere decir que el gasto estructural que se requiere por los $6,8 billones de recaudo que se dejarían de recibir por el fallo de la Corte, sería de $1,7 billones.
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Concluye el pronunciamiento asegurando que “al final de 2024 se completarían cinco años continuos con un déficit fiscal superior al 4% del PIB, que es un indicador que puede afectar la prima de riesgo. Esta situación dificulta la creación de un espacio fiscal para reaccionar a choques que puedan recibir las finanzas públicas”.
