Formulan cargos contra grandes distribuidores de combustible en Colombia: ¿quiénes son?
La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliegos contra Terpel, Chevron, Biomax, Primax y 46 distribuidores minoristas de combustible líquido en Colombia por, presuntamente, impedir la libre competencia en Nariño. La medida también cobija a la Asociación de Distribuidores Minoristas de Combustible y Derivados del Petróleo de Nariño (Adiconar).
En el pliego de cargos, la SIC explicó que las organizaciones investigadas habrían impedido, mediante acciones judiciales y administrativas, el ingreso de nuevos distribuidores mayoristas a Nariño. Esas acciones incluyen recursos ante el Ministerio de Minas y Energía, acciones de tutela y populares y demandas ante jueces de lo contencioso administrativo.
Cómo distribuidores de combustible en Colombia habrían impedido la competencia
En zonas de frontera, explicó la SIC, si un distribuidor construye una planta de abastecimiento, tiene prelación para el desarrollo de actividades de distribución. Es decir, otros mayoristas solo pueden atender la demanda de combustibles que no hubiera atendido el distribuidor con prioridad.
La anterior normatividad aplica para Nariño.
De acuerdo con la SIC, las mayoristas mencionadas –Terpel, Chevron, Biomax y Primax– habrían sostenido reuniones con Adiconar. Allí habrían asistido también los distribuidores minoristas para acordar las acciones jurídicas.
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De esta forma, se habría “logrado que el esquema de abastecimiento definido por la regulación para incentivar la construcción de plantas de abastecimiento en Nariño fuera suspendido, en detrimento de los consumidores del departamento de Nariño”.
Esto afectó a los usuarios en el departamento, dado que “no se vieron beneficiados con una reducción del riesgo de desabastecimiento de combustibles líquidos y una eventual reducción de precios de los combustibles líquidos”.
Si se comprueba que las acusaciones de la SIC son ciertas, cada empresa tendría que responder por multas de hasta $116.000 millones. Las personas naturales que hubieran participado en el esquema tendrían multas de hasta $2.320 millones.
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