Cerca de $68.000 millones deberán ser pagados por el Gobierno y Centros Poblados por irregularidades en contrato
La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por $67.970 millones por irregularidades en contrato entre el Fondo Único de TIC y Centros Poblados 2020.
Esto a raíz de todo el escandalo que se conoció sobre la gestión de los recursos entregados para la entrega de equipos y conectividad de escuelas y colegios en zonas apartadas del país. Además del incumplimiento presentado por el mismo.
“Imputación que se adelanta contra miembros de la unión temporal centros poblados, representante legal y miembros del consorcio que hacían de interventor, así mismo, contra tres funcionarios del MinTic”, dijo Alexandra Cárdenas, jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR.
De otro lado, Cárdenas señaló que se archivo la investigación de un grupo numeroso de personas que se había adelantado.
“Se archivó a favor de 15 personas entre las que se encuentra el señor Emilio Tapia por no ser gestores fiscales ni directos ni indirectos, la ministra de las TIC de ese entonces no fue vinculada al proceso por no ser gestora fiscal”, agregó la funcionaria.
¿Qué pasó con el contrato de Centros poblados?
En el 2020 el Gobierno Nacional realizó un contrato con la Unión Temporal de Centros Poblados por $70.000 millones, por medio del cual se buscaba la conectividad rural.
Cabe mencionar que dos empresas quedaron adjudicadas para llevar a cabo dicho proyecto, dentro de ellas estaba Comcel S.A. y la mencionada Unión Temporal.
Entre las dos tenían como fin conectar más de 14.000 centros digitales en el país.
Sin embargo, la segunda entidad en 2021 presentó una audiencia sobre un presunto incumplimiento y allí se percataron que la Centros Poblados presentó garantías bancarías falsas.
“Situación impidió que se alcanzaran los cometidos y fines esenciales del Estado asociados con el proyecto Centros Digitales, cuyo objeto iba encaminado a instalar 7.277 centros digitales del proyecto en la región B, distribuidas en los 16 departamentos del país”, señala el documento de la Contraloría.
Según la entidad esto conllevó a la terminación anticipada del contrato que implicaba el retorno de los recursos públicos en virtud de la obligación adquirida.
Es valioso resaltar que en el 2022 la ministra de la TIC de ese entonces, Carmen Ligia Valderrama Rojas, anunció que se remataría uno de los bienes de la Unión Temporal Centros Poblados para recuperar parte del anticipo de los $70.000 millones.
El inmueble estaba avaluado en $15.772 millones y según lo informado, la base para el remate será la que cubra 70% del valor del avalúo, es decir, más de $11.040 millones.
