A tres meses de elecciones, Colombia enfrenta oleada de violencia; secuestro en máximos de 10 años
Colombia se encuentra en la actualidad atravesando una oleada de problemas de orden público y violencia, lo cual genera necesariamente un impacto negativo sobre el crecimiento y en general el dinamismo de la economía del país.
Los problemas con el ELN, las disidencias de las FARC, grupos armados al margen de la ley, la delincuencia urbana y el conflicto entre bandas criminales han deteriorado la percepción de la seguridad, principalmente en los lugares donde suceden estos hechos, pero también en diferentes zonas del país.
La delincuencia está disparada: Afectación a la economía
Ahora bien, los problemas de orden público traen sobre la economía afectaciones importantes, se puede mencionar el caso en Arauca, que durante los primeros meses del año ha tenido que suspender de manera continua diversas operaciones del sector petrolero como resultado del actuar de grupos al margen de la ley.
Casos como el de la empresa Parex Resources en Arauca tienen claramente un impacto negativo sobre el desempeño financiero de estas empresas petroleras, además sobre los ingresos que recibe la región.
Según los datos recopilados por el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación desde enero a mayo se registraron 4.232 casos de extorsión denunciados.
Además, entre enero y mayo se registraron 144 casos de secuestro, dato disparado, superando niveles de 2013 en el mismo lapso consultado.
No hay que irse muy lejos para ver los problemas de orden púbico, pues las ciudades como Bucaramanga y Buenaventura también han sufrido desestabilización.
Estos problemas se traducen, según Alejandro Useche, economista y profesor de la Universidad del Rosario, en decisiones económicas, ya que puede llevar a las familias a repensar sus planes de inversión y aplazar o cancelar expansiones previstas.
El consumo también puede verse afectado por diversos factores, como la falta de acceso a vías, el pago de extorsiones o «vacunas», el desempleo y otros elementos que son consecuencia de la violencia que azota.
“La actividad económica es fundamental para recuperar la seguridad y promover la percepción de tranquilidad en un país. Para lograrlo, es absolutamente necesario contar con una institucionalidad sólida, que a su vez permita el crecimiento, el dinamismo y el bienestar necesarios para el desarrollo de la nación,” mencionó Useche.
De acuerdo con el experto, es extremadamente difícil cuantificar el impacto económico preciso de las problemáticas de orden público, especialmente en un país donde lamentablemente son diversas y afectan en gran medida.
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Oleada de violencia en Colombia afecta la confianza de inversión
“Me atrevería a decir que todos, de manera directa o indirecta, nos vemos afectados por ellas. Hay personas, empresas y zonas geográficas que sufren aún más las consecuencias. Estos problemas tienen un impacto negativo en la estabilidad, la percepción de seguridad, nuestras expectativas y nuestra confianza”, concluyó Useche.
Un factor a considerar es la confianza de los inversionistas extranjeros, si un grupo de empresarios extranjeros está pensando en traer capital o establecer sus empresas en Colombia, al ver que el entorno empresarial está afectado por situaciones de violencia e inseguridad, lo piensan dos veces.
Pueden posponer su decisión o, al considerar el proyecto como más riesgoso, imponer requisitos adicionales y aumentar los niveles de rentabilidad exigidos, entre otras medidas. Esto, en última instancia, dificulta el acceso a la inversión extranjera en Colombia.
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A tres meses de ir a las urnas
Se espera que los problemas de orden público se solucionen y se garantice la seguridad de los habitantes por parte del Ministerio de Defensa con medidas rápidas y duraderas para ponerle fin a esas situaciones, ya que además los colombianos están a tres meses de ir a las urnas a escoger sus candidatos.
El próximo 29 de octubre es la cita en las urnas, donde se escogerán a gobernadores, alcaldes, concejales y ediles que conformarán las Juntas Administradoras Locales (JAL).
El registrador, Alexander Vega, ya se ha pronunciado antes la situación y le ha pedido al Gobierno y al presidente Gustavo Petro garantice las condiciones para ejercer el derecho al voto en las zonas afectadas.
Y es que la violencia ya parece estar pasándole cuenta de cobro a las elecciones pues la Registraduría ha reportado baja tasa de inscripción de cédulas en algunos municipios.
Cabe mencionar que el ministro de Defensa, Iván Velásquez y el presidente Gustavo Petro han desplegado consejos de seguridad para hacerle frente a la situación de Buenaventura y a partir de agosto, se implementará un cese al fuego en todo el territorio según el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Petro y el ELN.
Se espera que estas medidas conduzcan a una reducción significativa en los actos vandálicos y violentos.
