El llamado de Transparencia por Colombia para proteger a los denunciantes de corrupción
Con una petición en change.org, la organización Transparencia por Colombia ha hecho un llamado al Congreso para proteger a los denunciantes de corrupción. La petición es para que el legislativo cree un marco legislativo que permita que quienes denuncien a las autoridades ese tipo de acto cuenten con protección para su vida.
Aunque se espera que el próximo 25 de julio, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia radique un proyecto de ley en ese sentido. Sin embargo, Transparencia por Colombia advierte que no contaría con el respaldo necesario para ser aprobado.
El propósito, señala Claire Launay, directora programática de Iniciativas con Sociedad Civil de Transparencia, es “ejercer presión al Congreso de la República y a los tomadores de decisión para que se cree una legislación o regulación en Colombia a favor de esta propuesta”.
Un llamado a proteger a los denunciantes de corrupción
De acuerdo con Transparencia por Colombia, alrededor del 40 % de las personas que acuden al Centro de Asesoría Local Anticorrupción (ALAC) dicen sentirse en riesgo por presentar una denuncia por presuntos hechos de corrupción.
También hay temor por el efecto en la reputación, a las represalias laborales y a los obstáculos de acceso a la información.
De ahí que Launay asegure que “estos riesgos fácilmente los convierten en una víctima más de la corrupción. Por eso, si bien se debe reconocer el rol activo que desempeñan, también es importante reconocer su vulnerabilidad. Y, por ende, la necesidad de brindarles a los denunciantes de corrupción mayor protección”.
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Además, porque por los denunciantes de corrupción es que muchos de los hechos se conocen. Según la Contraloría, en 2020, la plata que se pierde por corrupción en Colombia equivalía a, aproximadamente, el 17 % del presupuesto general de la nación. Más de $300 billones, para ese momento.
Además, en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional de 2022, Colombia ocupó el puesto 91 de 180 países. Por eso, Launay asegura que “deben existir condiciones favorables para realizar la denuncia y medidas de protección para quienes se atreven a alertar a las autoridades”. Esto incluye protección física y laboral, asistencia económica y psicosocial, y mecanismos de defensa legal.
