Millonarias pérdidas dejaría prohibición del aguardiente amarillo en Cundinamarca y Bogotá
La venta del denominado aguardiente amarillo ha generado una disputa entre la licorera de Caldas y Cundinamarca.
La Industria Licorera de Caldas (ILC) se pronunció ante la posible suspensión de la distribución y venta del Aguardiente Amarillo de Manzanares 24° en el departamento de Cundinamarca y Bogotá.
La licorera explicó que, para la venta de licores en los diferentes departamentos del país se requiere un permiso por parte de los gobernadores, quienes lo pueden otorgar por un término de 10 años prorrogables.
El departamento de Cundinamarca otorgó dicho permiso a la ILC en el año 2017 y posteriormente lo adicionó en 2019, en el que se incluye al aguardiente amarillo.
Sin embargo, el 6 de junio el departamento de Cundinamarca, mediante acto administrativo, revocó el permiso otorgado a la ILC para el ingreso y venta del Aguardiente Amarillo de Manzanares 24° en esta región del país.
Según la licorera de Caldas esta decisión fue tomada “arbitrariamente” porque “no se siguió el procedimiento de ley para tal fin, afectando el derecho al debido proceso de la ILC, al no haber solicitado el permiso escrito y expreso para la cancelación del permiso”.
Además, “tampoco se otorgaron los recursos de reposición y de apelación, para poder controvertir esta medida”, según la ILC.
Impacto económico por suspensión de venta del aguardiente amarillo
Aparte del aspecto legal y normativo, esta decisión generaría una disminución de recursos al departamento de Cundinamarca, por cuenta del pago de impuestos al consumo y derechos de explotación.
Por la venta de Aguardiente Amarillo de Manzanares 24° entre 2019 y 2022, la ILC le transfirió cerca de $35 mil millones al departamento de Cundinamarca a través del impuesto al consumo y derechos de explotación.
Para 2023 el impacto es mayor, ya que en esta vigencia la Industria Licorera de Caldas tenía proyectado transferir a Cundinamarca $71.885 millones por impuesto al consumo del aguardiente amarillo.
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A esto se suman $1.100 millones por derechos de explotación, para un total de $72.985 millones, de acuerdo con un estimado de ventas de cinco millones de unidades reducidas a 750 ml.
Por ley, estos recursos deben ser destinados a la atención en salud y educación de los habitantes del departamento de Cundinamarca.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Cundinamarca explicó que la decisión se debió a unos incumplimientos en los requisitos formales que hay para la comercialización del aguardiente amarillo en el departamento.
Cabe destacar que los departamentos, en cabeza de sus gobernadores, cuentan con la facultad de adoptar una protección especial al aguardiente local y suspender la expedición de los permisos para el ingreso de otras bebidas que sean de otras regiones.
