Las críticas del Gobierno Petro a los servicios públicos domiciliarios de Colombia

El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia, Dagoberto Quiroga, expuso cuáles eran las más grandes falencias de esta industria a la hora de prestar sus operaciones en las diferentes regiones del país.

El líder de la SuperServicios recordó que los servicios públicos -de acuerdo con el Programa de Gobierno de Gustavo Petro- son esenciales para el bienestar, calidad de vida y dignidad de las personas.

“Deben prestarse en armonía con los grandes retos medioambientales como la crisis climática. Así como incentivar el uso de las energías renovables, la protección de la biodiversidad y el cuidado de los recursos hídricos”, señaló.

Así las cosas, el funcionario, en el marco del Congreso de Andesco, enumeró los ‘baches’ que la Superintendencia ha encontrado en el sector y los clasificó en tres rubros Acueducto y alcantarillado, Servicio de aseo y Servicio de energía.

Servicios públicos domiciliarios en Colombia: las fallas

Acueducto y alcantarillado

Para Quiroga, en este rubro hay desigualdades en materia de coberturas y calidad en la prestación de acueducto y alcantarillado urbano-rurales.

“El territorio se ha organizado alrededor del cemento, del ladrillo y de la construcción”, precisó y explicó que la expansión urbana en varias ciudades y regiones del país no tiene en cuenta la oferta hídrica.

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Asimismo, destacó que, en muchos casos, la entrega de licencias de construcción se hace sin el debido estudio de balances hídricos, ni capacidad de redes de acueducto o alcantarillado.

“El 15 % de los municipios de Colombia tiene una cobertura de acueducto inferior a 30 % y apenas un 20 % tiene una cobertura superior al 90 %”, indicó el jefe de la SuperServicios.

Ahora, según lo expuesto por Dagoberto Quiroga desde la perspectiva de lo urbano: el 70 % de los municipios tiene una cobertura de acueducto superior al 90 %, mientras que en el campo apenas el 17 %.

Y en el campo, el 8 % del agua suministrada es inviable sanitariamente, al tiempo que el 20 % tiene alto riesgo de no ser apta para el consumo humano; en áreas urbanas, dichos porcentajes son del 1 % y del 8 %, respectivamente.

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También expuso que ha habido un aumento de contaminantes que llegan a las fuentes hídricas naturales que abastecen los diferentes sistemas de suministro de agua para consumo humano.

“Sólo el 48 % de los municipios cuenta con sistemas de tratamiento de aguas residuales. De estos, apenas el 47 % tiene plantas de tratamiento de aguas residuales. Y el 53 % restante opera tecnologías menos desarrolladas (lagunas de oxidación, humedales artificiales, entre otros)”, precisó el funcionario.

Servicio de aseo

Sobre la disposición de residuos sólidos, el 34 % de los sistemas de disposición de residuos son en sitios no autorizados, aseguró el superintendente de Servicios Públicos de Colombia.

Además, afirmó que la disposición no cumple con las normas mínimas de protección ambiental y salud pública. “La disposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios, aumenta en vez de disminuir. El 50 % de los rellenos sanitarios en Colombia tienen menos de seis años de vida útil”.

Y agregó que estas disposiciones generan problemas políticos regionales, ante la renuencia de algunos municipios a la construcción de rellenos en su jurisdicción. “Son ambiental y socialmente insostenibles a mediano plazo”.

Por otro lado, para el manejo de residuos aprovechables del país también hubo críticas: el vocero de la SuperServicios indicó que hay un incipiente desarrollo de la economía circular, apropiación de rentas por intermediarios y debilidades normativas.

Precisó que también evidenció un poco arraigo de la cultura de reciclaje en Colombia y un lento avance en la formalización y fortalecimiento organizacional de los recicladores.

“La mayoría de las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) son bodegas de compraventa de chatarra y no de asociaciones de recicladoras. Reportes inflados de toneladas de material aprovechable al Sistema Único de Información de la Superservicios”, manifestó Dagoberto Quiroga.

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Y aseveró que en el país se presenta una inadecuada estimación de los costos de aprovechamiento según la tecnología usada por un reciclador de oficio.

Servicio de energía

Para el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, el precio de las facturas supera la capacidad de pago de una parte importante de los hogares en Colombia.

Según el funcionario, hay un “incremento desbordado de las altas tarifas pone en riesgo la estabilidad del sistema. Las empresas generadoras tienen un poder predominante en el incremento de las tarifas por la discrecionalidad que tienen para definir riesgos en la fórmula tarifaria”.

Asimismo, resaltó cinco puntos del Decreto 0929 del siete de junio de 2023 del Ministerio de Minas y Energía. En línea con sus declaraciones la normativa busca:

• Que el usuario tenga un papel más activo en el diseño de la política
• Promover la contratación de energía mediante contratos de largo plazo
• Esquema de garantías en el Mercado mayorista
• Esquemas de generación con sistemas solares fotovoltaicos
• Revisión energía reactiva para eliminar cobro a residenciales

Desde la perspectiva del servicio de energía en zonas no interconectadas del país, Dagoberto Quiroga mostró que 2.013 localidades de 81 municipios en Colombia no están conectados a la red nacional de energía eléctrica.

Que estas zonas no interconectadas están habitadas por comunidades mayoritariamente vulnerables con poca capacidad de pago.

Adicionalmente, calificó como de “mala calidad” al servicio de energía, pues según el experto, en promedio, cada año los usuarios permanecen un mes sin servicio de electricidad.

“Este es un sistema de generación contaminante y tiene dificultad para ejercer la inspección vigilancia y control, por difíciles condiciones geográficas”, indicó.

Finalmente, Quiroga propuso una serie de herramientas para resolver problemas crónicos de los servicios públicos domiciliarios. Por ejemplo:

• Una regulación que nivele la cancha entre empresas prestadoras y usuarios
• Actualizar el régimen de los servicios públicos domiciliarios
• Promover y desarrollar nuevas tecnologías para su prestación