A varios meses de cumplirse un año de la llegada a la Superintendencia de Industria y Comercio, Andrés Barreto, le reveló a Valora Analitik cómo ha mejorado la gestión de la entidad y en qué van varios de los casos más sonados en investigaciones contra empresas y directivos.
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Una de sus prioridades ha sido generar sinergias y eficiencias en la evacuación de quejas porque encontró represamiento en los procesos.
Con base en ello, Barreto dijo que la nueva directiva en la Superintendencia es que una investigación no puede tardar más de 18-24 meses para que se genere un informe motivado (mediante el cual se acusa a las empresas en caso de que haya motivación para ello).
Así mismo, destacó, que, una vez el informe motivado llega a su despacho, tomar una decisión en el caso no tardará más de seis meses.
“Un caso no puede estar cinco años” en investigación porque caduca y se pierde es esfuerzo del Estado.
De acuerdo con el funcionario, esos lineamientos para las investigaciones también se hicieron tomando en consideración a las empresas o personas investigadas que, en su concepto, no pueden pasar años esperando una resolución y asumiendo costos administrativos y legales.
Y aseguró que los casos en temas como obra pública y colisión se deben acelerar porque frenarlos genera retrasos en la ejecución de la infraestructura.
Las investigaciones
Barreto le dijo a Valora Analitik que la Superintendencia adelanta 39 investigaciones en contra de empresas y personas. De esas 39, nueve investigaciones ya se encuentran en su despacho para la toma de una decisión final.
Uno de esos casos que será fallado en los próximos meses tiene que ver con la Ruta del Sol II. Como se recuerda, en septiembre de 2018 la entidad abrió investigación la supuesta comisión de tres prácticas anticompetitivas.
La primera de ellas habría consistido en el pago de un soborno a un alto funcionario del Estado vinculado con el antiguo Instituto Nacional de Concesiones (INCO, hoy ANI), Gabriel Ignacio García Morales.
La segunda de las conductas que se investiga consistiría en el aprovechamiento de un conflicto de intereses originado en la relación conyugal existente entre un funcionario del Grupo Aval, Diego Fernando Solano Saravia, y una funcionaria de la Corporación Financiera Internacional, María Victoria Guarín Vanegas, entidad encargada de la estructuración y asesoría del proyecto Ruta del Sol.
La tercera de las conductas habría versado sobre la realización de contactos privados y directos entre personas vinculadas al proyecto y funcionarios de la entidad contratante y el estructurador, en violación de la regla que prohibía dichos contactos con posterioridad a la apertura del proceso licitatorio.
El superintendente Barreto estimaba inicialmente que ese proceso tuviera en diciembre de 2019 un informe motivado y que se tomará solo “un par de meses” para tomar decisiones. Sin embargo, la demora en la presentación de algunos testimonios (como el del exviceministro de Transporte, Gabriel García) han retrasado la redacción de ese informe motivado. Ese testimonio se vio demorado por la afectación a la movilidad en medio del paro nacional en Bogotá.
Una vez recibido el testimonio y debido a la citación de una audiencia pública para el próximo 27 de diciembre, la redacción del informe motivado se demorará unos días más.
La delegatura que lleva el caso entregará el informe motivado al superintendente con base en el cual se tomarán las decisiones finales.
Recordó que, por tratarse de un caso de colusión y corrupción, se podrían aplicar multas hasta de 100 mil salarios mínimos a las personas jurídicas y de hasta dos mil salarios a las personas naturales.
Bogotá-Girardot
El caso del tercer carril de la vía Bogotá-Girardot, de acuerdo con los cálculos de Barreto, tendría que haber estado listo en noviembre el informe motivado y máximo dos meses después se fallaría en su despacho.
Este caso ya tuvo audiencia final, por tanto, el informe motivado para tomar decisiones finales se encuentra en etapa de construcción.
En ese caso están vinculados, entre otros, la Constructora Conconcreto que, como lo anticipó Valora Analitik, podría ser multada hasta por $78 mil millones en caso de ser hallada culpable.
Reventa boletas Selección Colombia
Uno de los casos más sonados en el país el año pasado, por el impacto que tiene en el gusto por el fútbol en Colombia, es la investigación por la reventa de boletas para los partidos de la Selección Colombia de mayores.
Ese caso se hizo famoso por la filtración de información sobre visitas de delegados de la Superintendencia a empresas que, después de todas las investigaciones, no tuvieron relación con el desfalco de la reventa. Ese fue el caso de Tecnoglass que logró demostrar que las boletas que entregó a sus clientes y patrocinados fueron adquiridas legalmente a un proveedor.
Ese fallo, según estima Barreto, debería estar listo antes de terminar el año, pero se demorará unos días más tomando en cuenta que para hoy está citada una audiencia pública con el fin de escuchar a los protagonistas del caso.
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