Imputan a exfuncionarios de la alcaldía de Quintero en Medellín por millonarias irregularidades en contratos
Los procesos contra exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín durante el periodo de Daniel Quintero. Dos exgerentes de Metroparques, así como excontratistas que celebraron contratos con esta entidad fueron imputados por la Fiscalía de Colombia.
En noviembre del año pasado, el fiscal general, Francisco Barbosa, ya había anunciado que a Jorge Enrique Liévano y María Eugenia Domínguez, que dirigieron a Metroparques, se les imputaría los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
Pero en una audiencia, este miércoles 17 de enero, les sumó nuevos cargos: asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, peculado por apropiación y uso de documento falso, que los anunciaron en audiencia ayer.
En cuanto a los contratistas, se tratan de Juan Alexander Pino Jaramillo, Fabio Miguel Mestra Espitia y Yamileth Galíndez Chilito. Son los representantes legales de las empresas Jpino SAS, Estructuras Zafiro SAS y 1Soluciones SAS, respectivamente.
Ninguno de los cinco imputados aceptó los cargos.
Por qué son las imputaciones contra exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín
De acuerdo con el relato de la Fiscalía, entre mayo de 2020 y diciembre de 2022, el Área Metropolitana habría suscrito tres contratos interadministrativos para entregar a Metroparques la suma total de $17.450 millones.
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Esta entidad ejecutora, al parecer, mediante invitación privada entregó a Jpino más de $2.415 millones para el mantenimiento del denominado Parque de las Aguas.
Lo mismo pasó con 1Soluciones, que recibió $1.131 millones. Y con Estructuras Zafiro, a la que Metroparques entregó $848 millones.
El problema radicó en que, durante la ejecución de los contratos, se habrían presentado sobrecostos en facturación y mal manejo de inventarios. También, falta de entrega de información de manera clara y oportuna.
Estas conductas, concluyó la Fiscalía, “habrían permitido que más de $2.8000 millones fueron a parar a manos de particulares”.
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