‘Foro Economía popular: hacia un debate constructivo’, este miércoles 22 de noviembre en Bogotá
Uno de los temas más mediáticos en la actualidad del país es la Economía Popular, uno de los objetivos estratégicos del Gobierno y que será el asunto central de un evento relevante esta semana en Bogotá. La Universidad EIA, la Universidad Javeriana, el Diario Portafolio, la Andi, el Consejo Privado de Competitividad, ACOPI y Asobancaria, se han unido para propiciar el “Foro Economía Popular: los desafíos de la inclusión productiva”, que se realizará en el Auditorio Alfonso Quijano, de la Universidad Javeriana en Bogotá, este miércoles 22 de noviembre entre las 7:30 a.m. y las 10:00 a.m.
Este debate responderá a una pregunta fundamental: ¿la estrategia en marcha para la economía popular mantendrá estas unidades productivas en la informalidad y en la precariedad de muchas de sus actividades o va facilitar su inclusión en los canales formales para garantizar su crecimiento y la consolidación de su productividad en el largo plazo como fuente de empleo y desarrollo equitativo para el país?
En referencia a la realización de este encuentro, José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, manifestó su complacencia por la presencia en este debate del director del DNP, Jorge Iván González, al igual que la del viceministro General de Hacienda, Diego Guevara, así como de un grupo de actores clave de la inclusión productiva y financiera de la economía popular.
“Será una nueva oportunidad para seguir trabajando en la agenda convergente del país desde el respeto por la diversidad de enfoques y de opiniones”, concluyó Restrepo.
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Impacto de la economía popular en Colombia
Entre los actores claves de la economía popular en Colombia se encuentran los micronegocios informales, que son alrededor de unos 3,9 millones, según la Encuesta de Micronegocios del DANE. Pero si se suman aquellos que cuentan con RUT o registro en Cámaras de Comercio, que llegan a 1,6 millones de micronegocios, estaríamos hablando de un total aproximado de 5,5 millones de unidades productivas y de servicios pertenecientes a la economía popular.
Bajo el reconocimiento de que se trata de un sector clave de la economía nacional, el Grupo Bicentenario, que agrupa las entidades crediticias, fiduciarias, de seguros y garantías, pertenecientes al sector público, ha venido dando directrices específicas para apoyar con inclusión crediticia y productiva a la economía popular.
El mismo Grupo Bicentenario posiciona como una tarea central de la estrategia crediticia del gobierno para este sector, la de sacar a estas unidades productivas, tanto en las áreas urbanas como rurales, de las prácticas del crédito “gota a gota”, a través del fortalecimiento de los canales formales de financiamiento, como una condición determinante para el crecimiento y consolidación de esas unidades productivas.
Aunque no se dispone de una cifra global de la movilización de créditos a través del trabajo conjunto entre las entidades financieras estatales y privadas, los anuncios hablan de llegar a un millón de iniciativas de la economía popular, con especial énfasis en aquellos micronegocios que nunca han sido objeto de crédito formal.
Las operaciones de crédito individual popular dirigidas al segmento agropecuario serían de hasta cuatro millones de pesos y tendrían hasta 24 meses de plazo para su pago. Por su parte, los préstamos del segmento no agropecuario serían de hasta dos millones de pesos y tendrían hasta 12 meses de plazo para su pago, de acuerdo con los documentos oficiales.
De manera complementaria se anuncian medidas para facilitar el encuentro eficiente entre la oferta y la demanda de la estrategia. En relación con la demanda, se busca coordinar con los diversos actores públicos y privados la prestación de servicios de asistencia técnica y educación financiera para el desarrollo de habilidades financieras y gerenciales, con el fin de que los beneficiarios puedan hacer un uso adecuado del crédito obtenido y gestionar eficientemente sus actividades productivas.
En cuanto a la oferta, se fomentará la consolidación de las capacidades de la red de intermediarios, especialmente del sistema financiero cooperativo, promoviendo la competencia, la regulación, el acceso a instrumentos de promoción crediticia y la eficiencia en las transacciones.
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