Pasaporte en Colombia: Thomas Greg solicita millonaria compensación
Por cuenta de la suspensión de la licitación que buscaba a la empresa encargada de imprimir y entregar los pasaportes en Colombia, Thomas Greg, firma que en principio se había quedado con el proceso, pedirá una millonaria compensación.
De acuerdo con la compañía, la decisión del gobierno del presidente Petro de suspender el proceso fue perjudicial para las operaciones de la firma, al tiempo que vio comprometida una serie de obligaciones contractuales.
Informó Thomas Greg que, por la decisión del gobierno de suspender el proceso de los pasaportes en Colombia, va a pedir una compensación del orden de los $107.000 millones.
Lo anterior sumado a $10.000 millones por un presunto daño reputacional a causa de que el Ministerio de Relaciones Exteriores aseveró que el proceso había faltado a la ley en Colombia y se estaba favoreciendo su postulación, que fue la única en el proceso.
Dice la firma que “el 13 de septiembre de 2023, a pesar de quela UT Pasaportes 2023 se encontraba plenamente habilitada como proponente en la licitación y había obtenido el puntaje necesario para ser adjudicataria, en contra de la recomendación realizada por el Comité de Evaluación, el ministro profirió la Resolución 7485 mediante la cual declaró desierto el proceso de licitación, notificando la misma en estrados”.
Lo que viene para la expedición del pasaporte en Colombia
De momento, y en medio de la declaratoria de urgencia que decretó el gobierno del presidente Petro para poder mantener la expedición del pasaporte en Colombia, la Cancillería garantiza que se está entregando el documento sin contratiempos.
Incluso, en el marco del proceso, Thomas Greg tuvo una ampliación, por un año, del proceso licitatorio.
En su momento Álvaro Leyva, canciller de Colombia, explicó que las decisiones de la administración nacional eran acordes con las leyes de garantías para proceso licitatorios, impidiendo los procesos de un solo proponente.
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Mientras tanto, la Procuraduría avanza en la investigación en contra del canciller Leyva y el Ministerio en su conjunto por las afectaciones que pudieron darse en el marco del proceso.
