Cambian norma clave para compra y pago de predios en Bogotá
Bogotá cambiará una norma en materia de compra y pago de predios, en caso de que estos deban ser adquiridos para hacer obras.
Con esto, la ciudadanía tendrá mejores reconocimientos económicos a la hora de trasladarse involuntariamente de sus inmuebles por causa de adquisición predial.
Así lo dispuso el Concejo de Bogotá tras dar vía libre al proyecto de acuerdo 358 de 2023, que tendrá seis meses para su regulación.
Esta iniciativa cambia una norma clave para compra y pago de predios, al reconocer un enfoque de protección y restablecimiento de derechos de quienes deban reasentarse en el futuro, debido a las obras que se realizarán en la ciudad.
“El proyecto tiene el propósito de compensar unas mejores condiciones a propietarios de inmuebles en el momento de pagarle por su predio para la realización de una obra”, aseguró el director del IDU, Diego Sánchez.
El funcionario agregó que “se trata de reducir los efectos que tiene una obra pública, de generar una afectación mínima, pues conocemos las implicaciones que puede llegar a tener el hecho de trasladarse hacia otro lugar de la ciudad”.
Sobre el impacto fiscal, el funcionario precisó que no se generarán sobrecostos al Distrito, ya que la fuente de financiación se incluirá en cada proyecto y se estima que sea de aproximadamente un 2 % del presupuesto de la obra.
¿Cómo cambia norma para compra y pago de predios en Bogotá?
Así las cosas, se acordó brindar mayor oferta institucional para acceder a los servicios de salud, educación y demás programas que beneficien a las familias más vulnerables.
«Evidenciamos la necesidad de una actuación integral orientada al acompañamiento de la población objeto del desplazamiento involuntario, para mitigar los efectos o posibles impactos negativos de esta situación y restablecer su adquisición de inmuebles, condiciones socioeconómicas o medios de subsistencia”, añadió Sánchez.
El proyecto de acuerdo que cambia la norma para compra y pago de predios en Bogotá derogará el Acuerdo 10 de 2000 y se fijó un plazo máximo de seis meses para su regulación.
Vale indicar que este ajuste no será retroactivo para obras en desarrollo o que no se hayan iniciado.
Los proyectos que ya venían ejecutándose con el Acuerdo 10 del 2000 finalizarán con esta metodología por su transitoriedad.
