Moody’s: compañías privadas en América Latina pueden resistir periodo de mayor inflación
Moody’s dio a conocer un nuevo informe sobre el impacto de la inflación en el sector empresarial de América Latina. En una primera conclusión se estima que el impacto sería divergente.
El reporte, según explica Moody’s, ahonda en las presiones inflacionarias para compañías no financieras, así como compañías de servicios públicos y bancos de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.
Al entrar al detalle del documento, entre los distintos sectores, son las compañías minoristas, las de bienes de consumo empacados y las inmobiliarias las más afectadas por las presiones inflacionarias.
Lo anterior anclado al repunte de los costos de los commodities, la mano de obra y el transporte. Esto último teniendo de base que se siguen reduciendo los ingresos de estas firmas.
Condicionales de inflación
Explica Moody’s que las compañías de estos sectores “generarán menores márgenes si no logran compensar la inflación, cuando menos parcialmente, con ahorros de costos y generación de eficiencias”.
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Un punto destacado está en el hecho de que la industria de las aerolíneas tendrá cierta protección contra la inflación siempre y cuando la demanda siga fortaleciéndose.
De esta manera, “las compañías no financieras calificadas en América Latina pueden resistir un periodo de márgenes más apretados y costos de deuda más elevados, sin sufrir un fuerte impacto en su calidad crediticia”, señala Carolina Chimenti, vicepresidente de Moody’s.
Así mismo, un punto destacado está en el que los productores de commodities pueden compensar el incremento en los costos de sus insumos con mejores pagos por granos, azúcar, hierro, acero, químicos y petróleo.
Y, finalmente, desde la agencia se estima que las petroleras paraestatales enfrentan riesgos políticos que posiblemente restrinjan el transferir la inflación a los consumidores.
“El sector de las compañías públicas es el que enfrenta los mayores riesgos por inflación, debido a que las inquietudes de asequibilidad e interferencia política amenazan la protección que reciben las compañías de servicios públicos y de operación de carreteras de peaje mediante la indexación establecida en contratos en 2022 y en adelante”, concluye el análisis.
