Migración venezolana le costaría a Colombia más de $10 billones entre 2020, 2021 y 2022
El Banco de la República publicó un documento en su portal web denominado “Impacto fiscal de la migración venezolana” en el cual analiza e investiga las consecuencias económicas que ha tenido la migración en Colombia.
Según el documento, alrededor de 4,9 millones de venezolanos han migrado buscando refugio en varios países, incluido Colombia. A finales de 2019, según Migración Colombia, 1,7 millones de venezolanos habían migrado a Colombia, de los cuales 42,6 % se catalogan como migrantes regulares y 57,4 % como irregulares.
“Dicho fenómeno migratorio ha generado una demanda creciente por servicios de salud, educación y otros servicios, cuyos costos han recaído principalmente sobre las finanzas del Gobierno Nacional y de los gobiernos territoriales. La migración también ha generado recursos por concepto de impuestos de IVA y renta”, dice el documento.
De acuerdo con el texto, y teniendo en cuenta información oficial del Gobierno de Colombia, el costo por la prestación de los servicios de salud, educación y primera infancia a los venezolanos migrantes asciende a 0,12 % del PIB (alrededor de $1,2 billones) en el periodo 2017-2019.
“Los resultados de este ejercicio indican que los costos de salud y educación podrían fluctuar entre 0,19 % y 0,26 % del PIB en 2020; 0,19 % y 0,34 % del PIB en 2021 y 0,20 % y 0,42 % del PIB en 2022”, indica el documento.
A pesar del incremento de los costos, la migración también ha aportado a los ingresos fiscales del país.
“Se estima que los ingresos fiscales asociados a la migración han contribuido en promedio anual con 0,03 % del PIB en IVA y 0,01 % del PIB en renta”, explica el análisis.
El documento sostiene que, si el proceso migratorio continúa, el Estado tendría que evaluar la asignación de nuevos recursos fiscales para atender la provisión de los servicios ofrecidos a este grupo poblacional.
“En la práctica, algunos municipios asignan recursos adicionales a los del Gobierno Nacional para financiar los servicios de educación y salud y otros programas sociales, pero su interacción con el Gobierno es poco clara en la delimitación de responsabilidades de gasto”, finaliza el análisis
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