A mediados de julio del presente año, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) dio su autorización para modificar parte de la normatividad mediante la cual se dio visto bueno para que el Gobierno contratara préstamos con entidades bancarias con destino al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos que llevará la inversión a Electricaribe.
En ese documento se ratificó que, una vez modificada esa normatividad, se podían gestionar los créditos por $735 mil millones.
Efectivamente, el Gobierno hizo la gestión para convocar a los bancos con el fin de obtener los recursos que, esta vez, tienen respaldo de una garantía de la Nación.
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Esa convocatoria se hizo también con base en que el 30 de noviembre del año pasado, el Gobierno recibió el aval de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para conseguir los $735 mil millones.
Al llamado de la Superintendencia de Sociedades (encargada del proceso de intervención de Electricaribe) llegaron varios bancos: Davivienda, Bancolombia e Itaú.
Varios de esos bancos tienen deudas por cobrar ante la empresa, pero respondieron al llamado de la Nación que ahora garantiza los recursos.
Los recursos a prestar ya están comprometidos para su desembolso a través de cartas de intención de los dos bancos con la mejor tasa del mercado, dijo a Valora Analitik una fuente del Gobierno.
Se está definiendo si se vuelve a citar a la Comisión Interparlamentaria para mostrarles a sus miembros el cambio normativo que justifica la gestión de los créditos.
Los recursos están disponibles desde diciembre de 2018 tras la aprobación de los bancos Davivienda y Bancolombia. La Superintendencia de Sociedades también tendrá recursos disponibles de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN).
El documento Conpes establece el compromiso de invertir esos recursos mediante una programación y, por tanto, a la fecha se han contratado para inversión $125 mil millones.
Otros $195 mil millones fueron puestos en manos del Fondo Empresarial de la Superintendencia para efectuar la compra de energía con el objetivo de garantizar el servicio a la región norte de Colombia.
La fuente dijo que se desconoce si los $735 mil millones se van a contratar este año porque el proceso de contratación es complejo y toma tiempo.
En días pasados se conoció que el Gobierno extendió algunos de los plazos para la subasta de venta de los activos de Electricaribe.
Fuentes del Gobierno indicaron a Valora Analitik que esa extensión de los plazos fue petición de los interesados. De los seis precalificados, tres o cuatro solicitaron ampliar el plazo, dijeron.
La fuente cercana al proceso de venta dijo que «siempre hay posibilidad de ampliar más el plazo, el Gobierno podría hacerlo dependiendo de los requerimientos de las empresas para no tener el riesgo de que no se presenten ofertas».
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